Lanbide detectó el pasado año 442 casos de fraude en la RGI, un 0,7% sobre el total de rentas activas que reciben 59.914 personas. Cabe destacar que los casos destapados en 2017 son 50 más que en 2016.
No obstante, Lanbide no siempre tiene razón y uno de cada cuatro recursos prospera, de tal forma que en 1,228 ocasiones el Gobierno vasco se ha visto obligado a restituir la prestación tras estimar el recurso administrativo o por sentencia judicial firme.
El Gobierno Vasco considera como fraude presentar documentación falsa y ocultar datos sobre los ingresos, el patrimonio o la composición de la unidad convivencial. La consecuencia es la pérdida de la ayuda y en su caso también de la Prestación Complementaria de Vivienda.
