El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la convocatoria de subvenciones del programa anual para la “Promoción de la participación de las personas en las empresas en Gipuzkoa”, al que la Diputación destinará 1,1 millones de euros en 2018. El programa tiene como objetivo impulsar la participación de las trabajadoras y trabajadores en las empresas, y sirvió en 2017 para apoyar 43 proyectos que implicaron a 28 compañías -. Forma parte de la estrategia que, junto con el tejido económico del territorio, viene realizando la Diputación desde el inicio de legislatura para reforzar dinámicas orientadas a la participación, un elemento considerado imprescindible para “afianzar el tejido empresarial de Gipuzkoa, mejorar su competitividad y enraizarlo en el territorio”, ha destacado el portavoz Imanol Lasa.
Mediante esta estrategia, la Diputación trabaja en distintos frentes de acción. Además de la concesión de subvenciones, en 2016 puso en marcha junto a Elkargi y Oinarri una nueva herramienta de financiación para apoyar la entrada de los trabajadores/as en el accionariado, especialmente de las pymes. También viene incidiendo en la experimentación activa, poniendo en marcha proyectos piloto en 20 empresas de Gipuzkoa que han involucrado a un total de 4.000 trabajadores y trabajadoras, dentro de la dinámica Etorkizuna Eraikiz, cuyos resultados y prácticas de éxito se extenderán posteriormente.
Por otra parte, en el ámbito fiscal, se aprobó a finales de 2016 pasado una Norma Foral para incentivar la participación financiera de las personas trabajadoras en las empresas, que contempla distintos incentivos, dirigidos tanto a la parte empresarial que esté pensando en su relevo en la propiedad, como para las personas trabajadoras que estén interesadas en adquirir la propiedad del negocio, cara a favorecer y facilitar la transmisión de las empresas. El año pasado 136 trabajadoras y trabajadores entraron a participar en el capital de 38 de la mano de esta Norma, que recoge además medidas positivas para dar respuesta a la desigualdad de género existente en este ámbito.
En lo que se refiere a la convocatoria de hoy, 660.000 euros se destinarán a la financiación de proyectos para impulsar modelos organizativos de participación de personas en las empresas, y 440.000 a proyectos para impulsar un ecosistema que favorezca el desarrollo de empresas con modelos organizativos de participación de personas. Las actuaciones objeto de subvención deben iniciarse con posterioridad a la solicitud de la ayuda, dentro del año natural y deberán concluir para el 28 de junio de 2019.
La primera línea apoyará los procesos de implantación de la participación de las personas en las empresas –subvencionables hasta el 75%-, y la segunda los proyectos de investigación, desarrollo de herramientas, metodologías, instrumentos, sistemas de evaluación, difusión, socialización y valorización y experimentación orientados a impulsar la participación de las personas en las empresas. Ambas tendrán en cuenta la participación en los siguientes ámbitos: gestión, decisiones estratégicas, resultados y capital.
Lasa ha explicado que cada empresa parte de situaciones diferentes, y debe por lo tanto definir su propio camino, pero ha animado a apostar por la participación de los trabajadores y las trabajadoras en el capital y en los procesos de gestión y toma de decisiones, una apuesta que ha calificado de crucial para “afianzar los centros de decisión” en Gipuzkoa. “Este es un proceso de transformación importantísimo para enraizar el talento y mejorar la competitividad de nuestras empresas, en el que nos jugamos muchísimo de cara al futuro económico del territorio. La participación y la colaboración es una práctica positiva que acarrea muchas ventajas competitivas, y que está dentro del ADN de Gipuzkoa por lo que constituye una de nuestras fortalezas”, ha señalado.
El portavoz ha añadido que Gipuzkoa debe seguir trabajando para ser referente europeo en este ámbito, favoreciendo el protagonismo central de las personas en los proyectos empresariales para lograr una Gipuzkoa “más participativa y comprometida”, en la que las empresas estén integradas por personas “implicadas activamente” en el proyecto. “La participación tiene impactos positivos en las oportunidades de aprendizaje en el trabajo; en la propia motivación de las personas; en la mejora de las condiciones de trabajo y de empleo; y en el bienestar de las personas. Genera beneficios tanto a nivel de las personas trabajadoras, como a nivel de empresa y territorio. Es un factor en la eficiencia y el éxito de las empresas, un ingrediente básico de la innovación, y de la vinculación con Gipuzkoa, porque la empresa no actúa aislada de la comunidad en la que está ubicada, sino que necesita de su entorno. De hecho, donde radica nuestra fuerza, es en lo local, lo cercano y en nuestra capacidad de relacionarlo”, ha explicado.
Cláusulas sociales
Por otra parte, el Consejo ha aprobado las Instrucciones dirigidas a los órganos de contratación de la Diputación Foral sobre la reserva, del derecho a participar tanto en los procedimientos de adjudicación de los contratos o de determinados lotes de los mismos a los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o a empresas de inserción, como de la ejecución de una parte de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido. El importe de los contratos reservados será, como mínimo, de un 4% del importe global de los procedimientos de adjudicación de suministros y servicios de la Diputación. Este porcentaje mínimo se reserva a centros o empresas cuyo personal con discapacidad o en situación de exclusión social sea, en todo caso, de al menos del 30 por 100.
Los departamentos forales incorporarán en la propuesta anual de presupuesto los contratos susceptibles de reserva que sean objeto de licitación en el ejercicio siguiente. En base a las previsiones de las propuestas anuales de presupuesto efectuadas, en la norma foral de presupuestos para el Territorio Histórico para el año 2019, se fijará el importe económico mínimo destinado a los contratos reservados, y se reflejará el porcentaje destinado a los contratos reservados.
Lasa ha recordado que el empleo y la ocupación son un elemento fundamental para la inclusión social y para garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio de todas las personas, y su autonomía. “Los talleres protegidos pueden desempeñar un importante papel al igual que otras empresas sociales cuyo objetivo principal es apoyar la integración social y profesional o la reintegración de personas discapacitadas o desfavorecidas, además de constituir una realidad muy enraizada en nuestro territorio”. En condiciones normales de competencia, estos talleres o empresas pueden tener dificultades para obtener contratos por lo que es necesario reservar el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o de determinados lotes de los mismos o a reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido.
Con esta medida, la Diputación incrementará el porcentaje efectivo de contratación, ahondando en la incorporación de criterios sociales en los contratos públicos, un ámbito en el que ya viene adoptando criterios relacionados con la calidad en el empleo, la promoción de la seguridad y salud laboral, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, o la protección del medio ambiente. Asimismo, a principios de año, se aprobó un Manual de Contratación con el objetivo de unificar criterios y de una mayor seguridad jurídica y, sobre todo, en aras a mejorar en la eficacia, eficiencia, transparencia e integridad en la contratación de obras, bienes y servicios.
Este Manual se suma al Código de Conducta aplicable a la contratación pública aprobado en septiembre del año pasado, que vela por la imparcialidad, la integridad y la cultura de la transparencia en los procesos de contratación, promoviendo también una mayor competencia. Este código es de obligado cumplimiento tanto para los cargos públicos y empleadas y empleados de la Diputación que intervienen en las contrataciones, como para las empresas que concurran a licitaciones promovidas por el ente foral y las adjudicatarias de éste, y supone “un nuevo impulso en la apuesta que estamos realizando por una gobernanza ética y ejemplar, asegurando el interés público y previniendo disfunciones, ineficiencias o fraudes en estos procedimientos”.
