La Diputación se une a la defensa del euskera ante el recurso interpuesto a la OPE de personal administrativo

Fotografía: www.wearelikeyou.org

La concentración convocada por los sindicatos ELA y LAB en defensa de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, ante el recurso contencioso-administrativo interpuesto en el Juzgado nº2 de San Sebastián contra las bases generales y la convocatoria de 119 plazas de administrativo por la exigencia de perfil C1 o B2 en euskara, que tendrá lugar mañana a las 10:00 horas en la plaza de Gipuzkoa, contará con la participación de la Diputación Foral.  Así lo ha anunciado la portavoz Irune Berasaluze, que también ha realizado un llamamiento al personal de la Diputación, a los agentes ligados al euskara y a la ciudanía para que se sume a esta convocatoria.

Berasaluze ha recalcado que “la Diputación convoca ésta y todas sus OPEs respetando la legalidad vigente, con todas las garantías jurídicas, y acorde con los planes de normalización lingüística aprobados por consenso para salvaguardar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, que tenemos la responsabilidad de cumplir”. Por ello, ha adelantado que la Diputación “seguirá defendiendo allí donde haga falta sus competencias en materia de función pública y de impulso de la igualdad lingüística, tal y como hemos hecho en anteriores procesos en los que se ha impugnado el requisito del euskera como el de Uliazpi”. La institución foral presentó en este caso un recurso a la decisión de la Justicia que está a la espera de resolución.

La portavoz ha destacado que “pedir como requisito a una persona empleada pública que sepa euskera, que es una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, no puede considerarse como una discriminación. Es algo que debería estar totalmente normalizado, igual que en otros territorios y países, y no entendemos que se ponga en cuestión tal y como se está haciendo durante los últimos años. Las y los empleados públicos están al servicio de la ciudadanía, que tiene el derecho a ser atendida en la lengua que elija. Nuestra obligación como administración es garantizar la igualdad lingüística y los derechos lingüísticos de todas y todos los ciudadanos, ofreciéndoles el servicio más adecuado”.