La Audiencia de Gipuzkoa ha impuesto una pena de tres años de cárcel a un trabajador de un centro residencial tras admitir que mantuvo conductas de carácter sexual con una menor protegida entre 2019 y 2022. La víctima entonces tenía entre 13 y 14 años y se encontraba bajo tutela de la Diputación en un centro ubicado en Aia. Entonces, el acusado aprovechó su posición profesional para cometer los abusos. El juicio no llegó a desarrollarse, ya que instantes antes de comenzar las partes alcanzaron un acuerdo que el procesado aceptó reconociendo los hechos.
El pacto permitió reducir la petición inicial de la Fiscalía, que solicitaba once años de prisión. Además de la condena, el hombre deberá indemnizar a la joven con 16.000 euros, mantenerse alejado y sin comunicarse con ella durante doce años y cumplir siete años de libertad vigilada cuando salga de prisión. También queda inhabilitado durante cinco años para ejercer cualquier actividad vinculada al trato con menores.
