El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado públicamente la concesión del tercer grado penitenciario a Jon Bienzobas Arretxe, calificando la medida como un nuevo fraude en la ejecución de las penas. Según la asociación, la decisión del Gobierno vasco se basa en una carta privada de arrepentimiento que carece de valor real si no va acompañada de hechos verificables y una colaboración efectiva con la justicia. Para el colectivo, este tipo de beneficios penitenciarios «traicionan el espíritu de la ley» al vaciar de contenido el requisito de desvinculación del terrorismo.
Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, ha criticado que se exija a las víctimas «un acto de fe» ante escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad. El colectivo recuerda que la Audiencia Nacional ya ha revocado beneficios similares en el pasado al considerar que una misiva privada no sustituye a los signos inequívocos de arrepentimiento público. En este sentido, han instado a la Fiscalía a que recurra la decisión para evitar lo que consideran una «amnistía encubierta» que atenta contra el derecho a la justicia de quienes sufrieron la violencia de ETA.
