La Fiscalía española ha iniciado las diligencias para investigar la participación de la compañía guipuzcoana CAF en el desarrollo y gestión del Tren Ligero de Jerusalén. La actuación judicial responde a una denuncia presentada por diversas organizaciones sociales, que acusan a la empresa de contribuir a la consolidación de asentamientos en zonas ocupadas, una actividad que podría vulnerar el derecho internacional y la Cuarta Convención de Ginebra. La Fiscalía ha decidido integrar este caso en las investigaciones ya abiertas sobre posibles infracciones de derechos humanos en la región.
El foco de la denuncia recae sobre la construcción y el mantenimiento de las líneas ferroviarias que conectan Jerusalén Este con núcleos de población israelí. Según los denunciantes, el trazado de estas infraestructuras favorece principalmente a los asentamientos, mientras que la cobertura en áreas palestinas es mínima, lo que se interpreta como un apoyo logístico a políticas de segregación. El Ministerio Público analiza ahora si la cúpula directiva de la firma de Beasain podría haber incurrido en responsabilidades penales al facilitar el traslado de población civil a territorios bajo ocupación.
CAF, que opera en este proyecto a través de una alianza con una firma local desde 2019, es responsable del suministro de convoyes y de los sistemas tecnológicos del trazado. Aunque las operaciones se desarrollan en el extranjero, la Fiscalía subraya la competencia de los tribunales españoles dado que la sede central y los órganos de decisión de la compañía se encuentran en el Estado. Este procedimiento se suma a las crecientes presiones internacionales y judiciales que instan a las potencias y empresas a cooperar con la Corte Penal Internacional en relación con el conflicto en Gaza e Israel.
