El PNV ha confirmado la existencia de reuniones con el Ejecutivo central para hacer un seguimiento sobre la situación de Tubos Reunidos, pero ha rechazado de forma tajante cualquier vinculación con la «trama Leire» que instruye la Audiencia Nacional. Esta aclaración de la formación jeltzale se produce a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cual señala que el expresidente del partido, Andoni Ortuzar, se interesó por la financiación pública otorgada a la siderúrgica. La causa judicial, en manos del magistrado Santiago Pedraz, indaga una red sospechosa de cobrar comisiones a cambio de mediar en la adjudicación de ayudas, concretamente en relación al préstamo de 112,9 millones de euros que recibió la citada firma.
Desde Sabin Etxea se defiende que estas conversaciones con representantes del Gobierno de España forman parte de su labor habitual de apoyo a corporaciones clave para la economía y el empleo del País Vasco. Fuentes de la formación insisten en que siempre han actuado, tanto a nivel público como privado, para proteger el tejido industrial del territorio y garantizar el bienestar de los trabajadores que dependen de estos puestos de trabajo. En esta misma línea, el partido recuerda que ha intervenido de igual manera en los problemas de otras grandes marcas como CAF, Talgo, BSH o Astilleros Balenciaga, una práctica que consideran legítima y que también realizan otras organizaciones políticas.
Con este argumento, los jeltzales marcan una línea roja frente a las pesquisas judiciales, remarcando que carecen de cualquier responsabilidad en los movimientos que hayan podido realizar terceros de manera ajena. La formación se distancia así por completo de las operaciones atribuidas al grupo investigado, en el que figuran nombres como la exmilitante del PSOE Leire Díez, el antiguo responsable de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.
