El Parlamento Vasco prevé dar luz verde este jueves a la modificación de la Ley de Empleo Público gracias al entendimiento alcanzado entre el PNV y EH Bildu. Mediante este pacto, la formación soberanista facilitará con su abstención la ratificación de los cambios normativos promovidos por los jeltzales. La iniciativa surge como una respuesta institucional compartida tras las sucesivas resoluciones judiciales que, en los últimos tiempos, han anulado diversos requisitos lingüísticos exigidos en los procesos de acceso a la administración.
Los dos grupos políticos han formalizado una serie de pautas de actuación que justifican este consenso parlamentario. Desde la coalición de la izquierda abertzale se valora la propuesta del PNV como una alternativa de contención válida y jurídicamente sensata ante el escenario actual. Asimismo, ambas siglas han pactado el establecimiento de un órgano mixto que se encargará de fiscalizar la efectividad real de la reforma mediante el uso de indicadores totalmente objetivos.
Esta estrategia de colaboración institucional contempla un desarrollo temporal fijado en tres años, periodo durante el cual se llevarán a cabo reuniones con carácter cuatrimestral. El propósito de este calendario es monitorizar la implantación de la norma, esclarecer posibles dudas en su interpretación y evaluar la evolución de los pronunciamientos que emita el Tribunal Constitucional.
El documento consensuado determina además que, si tras este periodo de supervisión se constata que la reforma resulta insuficiente para blindar los derechos lingüísticos debido a la persistencia de fallos judiciales desfavorables, se abrirá un nuevo debate político. En ese supuesto, se trabajará en la redacción de un texto legislativo alternativo que tomará como referencia los sistemas de normalización lingüística implantados en otras autonomías con cooficialidad idiomática, como Cataluña o Galicia.
