Seis años después de la tragedia que sepultó a dos trabajadores, el vertedero de Zaldibar vuelve a situarse en el centro de la polémica tras un demoledor informe técnico del Gobierno Vasco. Los inspectores de Medio Ambiente han confirmado que la empresa gestora, Verter Recycling, no ha implementado las medidas de seguridad necesarias para estabilizar la zona ni para prevenir nuevos desastres. Según el documento, remitido recientemente al Parlamento Vasco, la infraestructura presenta graves deficiencias que mantienen en alerta a las autoridades ante el riesgo real de nuevos desprendimientos y desbordamientos de cauces debido a la acumulación descontrolada de residuos.
La inspección, realizada a raíz de una iniciativa de EH Bildu, ha detectado un total de 29 infracciones legales en el recinto. Entre los hallazgos más preocupantes destaca la falta de actualización del sistema de drenaje de lixiviados, lo que está provocando que aguas altamente contaminantes se filtren directamente al terreno. Esta negligencia técnica se traduce en datos alarmantes: en apenas un año, las mediciones han registrado que se han superado los niveles de seguridad de amoniaco en diez ocasiones, evidenciando una degradación ambiental que la empresa no ha sabido frenar.
Además de las deficiencias físicas, el informe advierte de una desprotección administrativa alarmante, ya que el vertedero carece actualmente de un seguro de responsabilidad civil para contingencias medioambientales. Mientras la situación sobre el terreno se deteriora, el Gobierno Vasco mantiene una reclamación judicial contra Verter Recycling por valor de 29 millones de euros. Esta cifra busca recuperar los costes públicos derivados de las labores de estabilización y de la angustiosa búsqueda de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze tras el derrumbe de 2020.
