El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha criticado con dureza la concesión del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Soledad Iparraguirre, conocida como ‘Anboto’. La asociación considera especialmente grave que se otorgue esta flexibilización a una de las figuras históricas de la organización terrorista, condenada a más de 790 años de cárcel y vinculada a 14 asesinatos. Según ha denunciado la presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez, resulta «indignante» que se aplique esta medida cuando la presa apenas ha cumplido una pequeña parte de su condena en cárceles españolas.
Desde COVITE sostienen que el uso de esta vía excepcional para una «etarra VIP» supone un atajo legal que desvirtúa la finalidad del sistema penitenciario. Advierten de que se está permitiendo una salida prematura de prisión sin que conste una ruptura real e inequívoca de Iparraguirre con el entramado que legitimó el terrorismo durante décadas. Para el colectivo, esta decisión es un «acto de fe» injustificable hacia alguien que representó la dirección política de ETA y que no ha acreditado con hechos un arrepentimiento objetivo ni una desvinculación efectiva de la izquierda abertzale.
Finalmente, el colectivo acusa al Gobierno Vasco de consolidar una política orientada a «vaciar las cárceles» sin exigir la asunción del daño causado. Ordóñez insiste en que estas medidas forman parte de un final de ETA «negociado e indigno» cuyas consecuencias recaen directamente sobre las víctimas. Consideran que la aplicación generalizada de estos beneficios penitenciarios a presos de la banda terrorista solo genera impunidad y falta de respeto hacia la memoria de los asesinados y sus familiares.
