Eider Mendoza defiende la entrada en vigor del impuesto turístico en 2027 para garantizar la seguridad jurídica

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha insistido en la importancia de mantener el 1 de enero de 2027 como fecha de inicio para el cobro del impuesto turístico en el territorio. Aunque reconoce la solicitud del Ayuntamiento de San Sebastián para adelantar su aplicación a este mismo verano, Mendoza ha subrayado que la entrada simultánea en todos los municipios ofrece una mayor «seguridad jurídica». Según ha explicado, este margen temporal es necesario para que los consistorios aprueben sus propias ordenanzas y definan las tarifas dentro de la horquilla establecida, que oscila entre los 0,75 y los 7,5 euros por noche.

Mendoza ha recordado que existe una «unanimidad» institucional sobre la necesidad de esta tasa para fomentar la sostenibilidad del sistema y mejorar la convivencia entre visitantes y residentes. «La aportación que hace el turismo es muy importante, pero consideramos que se puede buscar una mayor sostenibilidad», ha señalado la diputada general. El proyecto de norma foral se encuentra ya en manos de las Juntas Generales, donde los grupos junteros podrán realizar aportaciones y negociar posibles modificaciones durante su tramitación.

La responsable foral también ha aclarado que aquellos ayuntamientos que no tengan aprobadas sus ordenanzas antes de la fecha límite del 1 de enero de 2027 deberán aplicar directamente el tramo máximo de 7,5 euros por persona y noche. Mendoza ha puesto en valor el trabajo realizado por las diputaciones y Eudel para alcanzar este consenso, destacando que el proceso ha requerido tiempo y dedicación para asegurar que el sistema sea robusto y legalmente impecable desde su puesta en marcha.

Además de la cuestión fiscal, la diputada general ha avanzado que las instituciones vascas han acordado realizar un «trabajo interno» para analizar la situación actual del sector del transporte tras el desembarco de la plataforma Uber. El objetivo de esta labor será aclarar el nuevo escenario y asegurar que la convivencia entre los diferentes servicios de movilidad se produzca bajo un marco regulado y ordenado.