El acuerdo, respaldado por PSE-EE, EAJ-PNV y EH Bildu, establece una tarifa diferenciada entre la fracción resto y el biorresiduo, refuerza el principio de «quien contamina paga» y dota al sistema de mayor estabilidad y equidad.
José Ignacio Asensio: “Hemos construido un acuerdo amplio y de futuro que sitúa la sostenibilidad, la corresponsabilidad y la justicia territorial en el centro del sistema. Implementamos un sistema estable y compartido que reconoce el esfuerzo de la ciudadanía y convierte la correcta separación de residuos en un beneficio tangible”.
Jon Ander Azpiroz: “Desde EAJ-PNV, acogemos este acuerdo con gran satisfacción, principalmente porque supone un ejercicio de responsabilidad compartida y un compromiso sólido con el futuro de Gipuzkoa. Este acuerdo demuestra que somos capaces de situar el interés general y la sostenibilidad por encima de cualquier otra consideración”.
Eñaut Gracia: “Se trata de un planteamiento integral, con una visión de territorio. Es, además, una propuesta que interpela a todos, tanto a la ciudadanía como a los ayuntamientos, porque compartimos un mismo objetivo: lograr un salto cuantitativo en la recogida de la fracción orgánica”.
La Asamblea del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa ha aprobado hoy la nueva configuración del sistema tarifario que entrará en vigor en 2026, fruto del acuerdo alcanzado entre las tres formaciones políticas representadas en la entidad —PSE-EE, EAJ-PNV y EH Bildu— tras varios meses de trabajo técnico e institucional.
La nueva propuesta supone un avance significativo en la evolución del modelo de financiación del sistema de gestión de residuos de Gipuzkoa al establecer una tarifa diferenciada entre la fracción resto y el biorresiduo mediante costes específicos para cada flujo de residuos.
Con este acuerdo, el Consorcio consolida un modelo basado en dos principios fundamentales: garantizar el sostenimiento equilibrado del sistema entre todas las mancomunidades y reforzar el principio de pago por generación, de forma que cada comarca contribuya en función de los residuos que realmente produce.
El nuevo sistema sustituye el modelo vigente de bonificaciones aplicadas sobre una tarifa única y establece una estructura más estable. A partir de ahora, cada tonelada de fracción resto abonará su coste real de tratamiento, mientras que el biorresiduo contará con una tarifa específica equivalente al 43% de la tarifa de resto, reforzando así el incentivo a la separación en origen y a la recogida selectiva.
La Asamblea ha dado luz verde a una configuración tarifaria compuesta por tres elementos: una parte fija vinculada a la población de cada mancomunidad para financiar los costes estructurales del sistema; una tarifa específica para la fracción resto; y una tarifa diferenciada para el biorresiduo.
Para 2026, la tarifa de la fracción resto se ha fijado en 231 euros por tonelada y la tarifa de biorresiduo en 99 euros por tonelada. Esta diferenciación supone un paso adelante en la aplicación efectiva del principio de pago por generación, al vincular de forma directa el coste del servicio con el comportamiento ambiental de cada mancomunidad. El nuevo sistema premia la correcta separación de los residuos orgánicos, fomenta la recogida selectiva y contribuye al cumplimiento de los objetivos ambientales del territorio.
El presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha destacado que “este acuerdo representa un paso decisivo para consolidar un sistema justo, transparente y alineado con los objetivos ambientales del territorio”. Asensio ha subrayado que “por primera vez contamos con una fórmula compartida que permite trasladar de forma clara el principio de que quien más residuos genera, más paga, y quien mejor separa, menos paga”.
Asimismo, ha señalado que “la nueva tarifa envía una señal inequívoca a instituciones y ciudadanía: separar correctamente los residuos tiene un impacto directo y tangible en el coste del sistema”.
El presidente del Consorcio ha puesto en valor además el amplio consenso alcanzado durante el proceso de elaboración de la propuesta. “Hemos sido capaces de construir un acuerdo sólido entre diferentes sensibilidades políticas, poniendo por delante el interés general, la sostenibilidad del sistema y la necesidad de ofrecer estabilidad a las mancomunidades”, ha afirmado.
Jon Ander Azpiroz, vicepresidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa y representante de EAJ-PNV, ha subrayado que “desde EAJ-PNV, acogemos este acuerdo con gran satisfacción, principalmente porque supone un ejercicio de responsabilidad compartida y un compromiso sólido con el futuro de Gipuzkoa. Hemos construido un marco de certidumbre y estabilidad. El nuevo sistema garantiza el sostenimiento de nuestras infraestructuras de gestión de residuos, reconociendo el esfuerzo y el compromiso de la ciudadanía y su apuesta por la sostenibilidad”.
Por su parte, Eñaut Gracia, miembro del Consejo de Administración de GHK y representante de EH Bildu, ha señalado que “el planteamiento acordado permite superar los desequilibrios entre municipios. Cada localidad asumirá la responsabilidad de lo que haga y de los niveles de recogida que alcance; en ese sentido, quien lo haga bien se verá recompensado y quien no obtenga resultados tan positivos deberá asumir un mayor coste. Además, este criterio se aplicará por igual con independencia de la mancomunidad a la que pertenezca cada municipio, de modo que una misma actuación o comportamiento tendrá la misma recompensa”.
La propuesta aprobada es el resultado de los trabajos desarrollados durante los últimos meses por la comisión técnica y política constituida específicamente para revisar el modelo tarifario. El acuerdo alcanzado permite superar el debate recurrente sobre las tarifas anuales y avanzar hacia un marco estable, basado en criterios objetivos, ambientales y económicos.
La nueva configuración tarifaria refuerza así los objetivos recogidos en la planificación territorial de residuos y consolida un modelo que reconoce el esfuerzo de la ciudadanía en la separación selectiva, impulsa la recogida de materia orgánica y garantiza la sostenibilidad económica del sistema a largo plazo.
