El Ministerio Fiscal ha puesto al descubierto los mecanismos de retribución ilícita empleados presuntamente por la conocida red de tráfico de influencias ligada a la SEPI. Las pesquisas judiciales señalan que la mercantil Tubos Reunidos retribuyó de forma encubierta a la trama con mensualidades fijas tras verse beneficiada por una inyección estatal de 112,8 millones de euros. Los pagos se estructuraron presuntamente a raíz de una reunión mantenida entre los responsables de la siderúrgica y el exdirigente del organismo estatal de inversiones, Vicente Fernández.
Para canalizar el dinero sin levantar las sospechas de los auditores, los investigados confeccionaron un pliego de condiciones de asesoría técnica carente de actividad real. El borrador del contrato fue remitido por Fernández a sus colaboradores directos en la red de amaños, entre quienes se encontraba la supuesta conseguidora Leire Díez. El plan consistía en utilizar el tejido empresarial del imputado Antxon Alonso para facturar los servicios simulados por un importe recurrente de 5.000 euros más IVA.
La operativa de desvío de capitales se prolongó en el tiempo mediante la emisión constante de recibos a nombre de la empresa pantalla Mediaciones Martínez. La Fiscalía Anticorrupción detalla en su dosier que Tubos Reunidos llegó a desembolsar un total de 114.959 euros repartidos en 21 facturaciones diferentes. Estos abonos sistemáticos sirvieron presuntamente para compensar la mediación política ejercida por los miembros del grupo ante las esferas de decisión financiera del Estado.
