San Sebastián ha puesto fin a la entrega de alimentos en la vía pública dirigida a personas en situación de extrema vulnerabilidad. La medida, que entró en vigor en la jornada de ayer, afecta a los repartos vespertinos que varias organizaciones de voluntariado realizaban de manera habitual en puntos céntricos como la Plaza Gipuzkoa, la Plaza de la Constitución y el entorno de Anoeta. La resolución fue notificada de forma directa a los propios colaboradores durante la distribución de los menús.
La determinación del alcalde, Jon Insausti, se fundamenta en los dictámenes elaborados por los servicios de Guardia Municipal, Espacio Público y Salud Pública. Estas evaluaciones técnicas coinciden en señalar la falta de reglamentación oficial de esta dinámica comunitaria, la cual se venía desarrollando sin permisos formales. Asimismo, los análisis subrayan que la ausencia de un registro de beneficiarios impedía estructurar planes efectivos de seguimiento o inserción social para las personas asistentes.
A la carencia de marco regulatorio se suman las alertas vinculadas al orden público y la seguridad ciudadana. Según los expedientes municipales, la concentración de perfiles heterogéneos —entre los que se identificaron personas con adicciones o patologías de salud mental— derivó en tensiones reiteradas, altercados entre usuarios y episodios de confrontación con la guardia urbana, deteriorando la convivencia en los espacios públicos afectados.
Desde el consistorio donostiarra recalcan que la meta no es retirar la ayuda asistencial a quienes la necesitan, sino reorientar el modelo de atención social. Las fuentes institucionales argumentan que la gestión informal de esta solidaridad resultaba ineficaz, por lo que resulta indispensable encauzar el apoyo a través de los canales y recursos de protección oficiales del municipio.
