La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha mostrado su inquietud ante la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, señalando su preocupación por que se esté «normalizando lo excepcional; que haya menores lejos de sus familias». Desde el Ejecutivo autonómico se cuestiona la estrategia estatal de reubicación, argumentando que «no parece razonable que la primera respuesta sea trasladar a menores a más de mil kilómetros de distancia, a lugares donde no tienen ningún arraigo». En este sentido, la representación institucional sostiene que «la primera obligación del Estado no es repartir menores; es ejercer plenamente las responsabilidades que le corresponden y por lo tanto agotar las vías para que vuelvan con sus familias».
Respecto al sistema vasco de acogida, la consejería ha advertido de la presión que sufren las infraestructuras locales, recordando que «nuestro sistema de protección ya trabaja por encima de su capacidad ordinaria y esa realidad no puede ignorarse». Ante esta situación, se reclama que la colaboración institucional se base en la lealtad y el cumplimiento marco competencial, enfatizando que «no puede haber decisiones unilaterales ni hechos consumados» y que cualquier traslado debe acordarse con el Ejecutivo autonómico y las Diputaciones Forales, contando con «expedientes completos, financiación suficiente y todas las garantías jurídicas y asistenciales».
Por último, la consejera ha reafirmado la trayectoria de Euskadi en la atención a la infancia, destacando que el territorio lleva años demostrando su compromiso con «una migración ordenada, regular y humana». En esa misma línea de actuación, ha defendido la posición del Gobierno Vasco en la búsqueda de soluciones a largo plazo, concluyendo que esa responsabilidad es la que ha llevado a las instituciones a defender «la necesidad de dotarnos de nuevas capacidades políticas para gestionar una realidad migratoria cada vez más compleja».
