Pasaportes simbólicos de Ciudadanía Universal para reivindicar los derechos de los refugiados

El Departamento de Cultura y Cooperación ha organizado junto con EMAUS un acto en defensa de la Ciudadanía Universal que se celebró ayer lunes en Tabakalera, entregando de forma simbólica y reivindicativa pasaportes para una ciudadanía universal a ONG-s y a personas representativas del ámbito cultural, social y deportivo que adquieren así el compromiso de defender la libre circulación y residencia de las personas.

Hace unos meses la Diputación junto con EMAUS pusieron en marcha el programa Besarkadak para para facilitar el intercambio, el trueque de saberes como símbolo de hospitalidad y solidaridad del pueblo guipuzcoano hacia los refugiados y migrantes. Ahora se ha querido reconocer el derecho de todas las personas a desplazarse y escapar del horror sin murallas que les retengan y por ello, celebrarán el acto por una Ciudadanía Universal con la entrega de pasaportes.

El Pasaporte para una Ciudadanía Universal es un elemento visibilizador, sensibilizador y de participación ciudadana que defiende el acceso a la ciudadanía para toda persona y la libertad de circulación y residencia. Es una iniciativa promovida por la Organización para una Ciudadanía Universal (OCU), constituida en 2013 por Emaús Internacional, el Movimiento Utopía y France Libertés-Fundación Danielle Mitterrand.

El pasaporte pretende ser un símbolo reivindicativo, que hace referencia al Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual recoge el derecho de toda persona a “circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”

No tiene validez administrativa y se otorga a personas migrantes y refugiadas y a personas involucradas en la defensa de los derechos de estas personas.

Esta iniciativa se enmarca en la filosofía de las ayudas de cooperación de la Diputación en las que se ha integrado la defensa de valores como la libertad, la igualdad y la solidaridad para promover una convivencia justa y que respete la diversidad. Los poderes públicos tienen el deber de proteger los derechos fundamentales como el derecho al libre desplazamiento y promover las actuaciones y proyectos que mejor puedan garantizar esa defensa, porque no se trata de solidaridad, sino de respetar el derecho internacional y, en definitiva, de los valores que son básicos para el funcionamiento de la democracia.