Bruselas aprobó ayer el reglamento creado para evitar el uso de fondos comunitarios por gobiernos que no respeten el Estado de derecho. Concretamente la norma hace mención expresa a la «independencia de la judicatura», un apartado relacionado con la polémica de las reformas judiciales que está tratando de impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
El Parlamento Europeo ha indicado que el reglamento «servirá para hacer frente a infracciones sistémicos de los valores fundamentales, como la democracia o la independencia de la judicatura, cuando esas vulneraciones afecten -o amenacen hacerlo- a la gestión de los fondos europeos».
En caso de infracción, la Comisión «propondrá la activación del mecanismo de condicionalidad contra el Gobierno de un Estado miembro, y procederá a suspender o congelar los pagos desde las arcas comunitarias a dicho Gobierno».
