La Fiscalía del País Vasco ha dictado el archivo de la denuncia interpuesta por la asociación El Defensor del Paciente a raíz de la administración de vacunas caducadas en Osakidetza. La resolución, firmada por la Fiscal Superior Carmen Adán, determina que no se ha acreditado de forma suficiente la existencia de un «resultado lesivo» en los afectados, la mayoría de ellos bebés, un requisito indispensable para que los hechos se encuadren como delito contra la salud pública. El Ministerio Público admite que se produjo una «situación de riesgo» por la pérdida de la protección inmunológica, pero concluye que esta negligencia no llega a traspasar la barrera penal.
El origen del caso se remonta al periodo entre diciembre de 2025 y enero de 2026, cuando el Servicio Vasco de Salud detectó el suministro de dosis hexavalentes que ya habían vencido. Aunque el Departamento de Salud insistió en que no existió peligro para la integridad de los menores, un comité de investigación reconoció fallos en la trazabilidad del stock debido a compras excesivas y deficiencias en los refrigeradores. Como respuesta, la administración sanitaria ya ha activado un plan con herramientas digitales y nuevos protocolos para evitar que se repitan estos fallos de control en los centros de salud.
