El Servicio Vasco de Salud ha sido obligado a abonar una indemnización de 40.000 euros tras rechazar una intervención cardíaca a una mujer de avanzada edad que, ante la negativa pública, tuvo que ser operada con éxito en un centro sanitario privado. Los hechos se remontan a principios de 2023, cuando la paciente, entonces de 90 años, fue diagnosticada en el Hospital de Cruces con una patología valvular grave. Pese a que los médicos indicaron que un implante urgente era la única solución, la sanidad pública desestimó el caso alegando la fragilidad de la mujer.
Tras el rechazo del sistema público, la familia acudió a la medicina privada para realizar el procedimiento, que resultó satisfactorio y permitió a la anciana recuperar su calidad de vida. La resolución judicial subraya que la paciente superó la intervención sin complicaciones, demostrando que la operación era viable. Este caso pone de relieve el error en los criterios de exclusión por edad, obligando a Osakidetza a compensar los daños tras confirmarse que la paciente sigue llevando hoy una vida satisfactoria gracias a la cirugía realizada fuera de la red pública.
