Un informe de la Fiscalía Anticorrupción ha revelado la existencia de presuntas comisiones ilegales abonadas por la empresa Tubos Reunidos a la red de influencias en la que participaba Leire Díez. Según las indagaciones del Ministerio Público, los implicados habrían pactado un abono mensual de 5.000 euros con los directivos de la firma siderúrgica tras haber intermediado supuestamente en la obtención de un rescate público de 112,8 millones de euros concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Los hechos se fraguaron presuntamente en noviembre de 2021 durante un encuentro entre el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y la cúpula de la compañía cotizada. Para dar cobertura legal al trasvase de fondos y camuflar las mordidas pactadas, los sospechosos acordaron la redacción de un contrato ficticio de consultoría externa. La gestión del documento se coordinó internamente a través de un canal de mensajería digital compartido por Fernández, la propia Leire Díez y el empresario Antxon Alonso.
El soporte documental del fraude se articuló a través de la sociedad Mediaciones Martínez, propiedad de Alonso, que figuraba como la proveedora de los servicios de asesoramiento para la empresa industrial. Al amparo de este acuerdo mercantil simulado, la firma instrumental llegó a girar un total de 21 facturas a Tubos Reunidos. De acuerdo con el balance contable recogido por los investigadores fiscales, los cobros emitidos bajo este concepto fraudulento alcanzaron un montante global de 114.959 euros.
