El Gobierno Vasco ha diseñado una herramienta normativa denominada «Autopista Regulatoria» con la que prevé recortar drásticamente los tiempos burocráticos para las iniciativas vinculadas a la actividad económica sostenible. El nuevo marco de agilización y simplificación permitirá que los trámites administrativos se reduzcan entre un 30% y un 75%. En la práctica, esto implicará que ciertos procesos que antes se demoraban dos años se resuelvan ahora en un máximo de seis meses, disminuyendo también de manera notable el volumen de operaciones y eliminando duplicidades gracias a la digitalización.
Para acogerse a esta vía preferente y urgente, las iniciativas empresariales deberán ser catalogadas como «Proyectos de Interés Público Superior» (PIPS) por el Consejo de Gobierno. Esta figura se aplicará de manera prioritaria a planes incluidos en el Plan de Industria 2030, el despliegue de redes eléctricas, proyectos de energías renovables, instalaciones de cero emisiones y programas de economía circular. La declaración unificará de forma directa las autorizaciones urbanísticas y ambientales, lo que obligará a las administraciones municipales a adecuar sus planteamientos locales para permitir una implantación mucho más fluida.
Los consejeros Mikel Jauregi y Amaia Barredo han recalcado durante la presentación de la ley en el Parque Tecnológico de Miñano que esta aceleración administrativa no implicará rebajar las exigencias ambientales ni urbanísticas actuales. El objetivo central de la reforma es dotar de mayor competitividad al tejido industrial vasco y captar un mayor volumen de inversiones externas. Con la entrada en vigor de este texto, los expedientes relacionados con el medio ambiente se calificarán de «urgentes», rebajando de forma automática sus plazos de estimación a la mitad.
