Los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han pactado la inclusión de una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de arrendamiento que expiren antes del 30 de junio de 2028. Esta medida quedará integrada en el decreto de vivienda que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo 28 de julio. La extensión, que deberá ser tramitada a petición de las personas inquilinas, busca ampliar la cobertura de protección y dar estabilidad a cerca de un millón de beneficiarios adicionales.
La iniciativa gubernamental contempla asimismo diversas actuaciones orientadas a frenar la especulación y ordenar la oferta del mercado inmobiliario. Entre las medidas recogidas figura el marco regulatorio para los alquileres de temporada y por habitaciones con el fin de evitar fraudes, un incremento de la fiscalidad para las viviendas turísticas hasta un tipo del 21 % de IVA y el endurecimiento de las sanciones sobre las plataformas que publiciten este tipo de alojamientos sin cumplir la normativa.
Una vez formalizado el consenso interno en el Ejecutivo, el Ministerio de Vivienda iniciará la ronda de contactos con los distintos grupos del arco parlamentario para asegurar los apoyos necesarios durante la votación de convalidación en el Congreso. La tramitación requerirá recabar apoyos clave como el de Junts, formación que el pasado mes de abril votó en contra de la convalidación de la anterior prórroga junto al resto de fuerzas de la oposición.
El texto en negociación incorpora además una propuesta sobre mecanismos de protección para hogares en situación de vulnerabilidad social, orientada a ofrecer alternativas ante posibles situaciones de desahucio. Con la suma de las prórrogas aprobadas por el Gabinete hasta mediados de 2028, el Ejecutivo estima un alcance potencial cercano a los cuatro millones de personas y un millón y medio de familias.
