Los tres responsables del vertedero de Zaldibar han pactado con la Fiscalía y las familias de las víctimas del derrumbe una pena de seis meses de cárcel por el homicidio imprudente de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze y por un delito contra la seguridad en el trabajo, evitando así entrar en prisión por ser una pena inferior a los dos años y carecer de antecedentes.
El informe evidencia que los responsables de la empresa Verter Recycling eran conscientes de los desperfectos que había en el vertedero, al menos dos días antes del derrumbe. Asimismo, se afirma que tras realizar un estudio topográfico la empresa fue alertada sobre las grietas que había en la tierra y los profesionales que realizaron el estudio recomendaron parar la producción cuanto antes.
Por lo tanto, la Fiscalía da por probado que a pesar de ser conscientes de la gravedad de la situación la empresa no hizo nada para evitar el derrumbe, no alertaron a la plantilla, no implementaron ningún dispositivo especial y no se paró la producción.
A pesar de ello, todas las partes han aceptado que los responsables no entren en prisión y que la empresa pague una indemnización a las familias de las víctimas.
Por otro lado, los responsables de Verter Recycling tienen abierto otro proceso por delitos medioambientales como consecuencia del derrumbe del vertedero.
