La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha impuesto una pena de un año y medio de cárcel a un hombre que estafó a una compradora interesada en la vivienda de su progenitora. El procesado llegó a formalizar un contrato de compraventa y percibió un adelanto de 10.000 euros tras asegurar falsamente que la propietaria había fallecido, cuando en realidad seguía con vida, careciendo él de cualquier potestad legal para traspasar el inmueble.
El engaño fue descubierto por la víctima cuando, tras realizar el pago inicial en concepto de señal, comprobó que el vendedor no realizaba ningún trámite para la entrega de las llaves ni la formalización de la escritura. Ante la falta de respuestas y la sospecha de haber sido engañada, la afectada decidió llevar el caso ante las autoridades, iniciando un proceso judicial que se ha demorado casi seis años hasta la resolución actual.
Además de la estancia en prisión, el tribunal ha dictado que el responsable deberá indemnizar a la víctima con la totalidad de la cuantía defraudada y hacer frente a una sanción económica diaria durante seis meses. La sentencia ratifica así la existencia de un delito de estafa al quedar probado que el condenado utilizó una artimaña familiar y personal para obtener un beneficio económico ilícito de forma premeditada.
