El Tribunal Supremo ha confirmado de manera íntegra las penas impuestas a seis de los integrantes de la macroorganización criminal desmantelada en la conocida «Operación Basa». La resolución judicial dictada a mediados de mayo desestima los recursos de los procesados, consolidando el recorrido judicial de un operativo que en 2018 logró desarticular una red altamente organizada y descentralizada. Esta estructura civil, con conexiones en Francia y Holanda, se dedicaba al tráfico a gran escala de sulfato de anfetamina, una actividad ilegal que generaba movimientos de sustancias valorados en millones de euros.
El entramado civil disponía de importantes puntos logísticos en el territorio de Gipuzkoa. Uno de los núcleos neurálgicos se ubicaba en una nave industrial de Alegia que, bajo la fachada de un taller mecánico convencional, operaba en realidad como laboratorio clandestino para adulterar el speed con cafeína antes de su reparto. Asimismo, los cuerpos de seguridad lograron interceptar en Pasaia un cargamento estratégico procedente del país galo, donde se utilizaba una grúa y un vehículo con dobles fondos hidráulicos para transportar cerca de diez kilos de estupefacientes de alta pureza.
Los seis recurrentes, vinculados estrechamente a la rama guipuzcoana de la organización, afrontan ahora penas definitivas que oscilan entre los seis y los siete años de cárcel, acompañadas de sanciones económicas que rebasan los 300.000 euros en los casos más graves. La sentencia definitiva describe un escenario de fuerte adicción en el entorno de la banda, ya que casi todos los procesados eran consumidores habituales de la mercancía que vendían. Por este motivo, el tribunal ha contemplado de forma generalizada la atenuante de drogadicción, certificando incluso un diagnóstico de esquizofrenia ligado a la toxicomanía severa en uno de los principales encausados.
