El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha puesto en marcha los trabajos previos para la edificación de una nueva promoción pública de 98 hogares protegidos en el enclave de Ciudad Jardín, perteneciente al barrio donostiarra de Loiola. El consejero Denis Itxaso inspeccionó esta semana los terrenos donde la sociedad pública Visesa impulsa este proyecto, cuya acta de replanteo oficial se rubricará el próximo martes 30 de junio. La intervención cuenta con una dotación presupuestaria global de 15,6 millones de euros y su conclusión está programada para el verano de 2028, pasando posteriormente la gestión de los inmuebles a manos de Alokabide.
Esta actuación residencial constituye un hito para la administración autonómica al tratarse de la primera promoción construida en Euskadi que incorpora la modalidad de viviendas tasadas en régimen de arrendamiento. En concreto, el plan arquitectónico contempla el levantamiento de dos inmuebles de planta baja más cinco alturas que albergarán 63 viviendas de protección oficial (VPO) y 35 tasadas. Asimismo, el proyecto representa la primera operación residencial ejecutada por el Ejecutivo vasco en la capital guipuzcoana sobre parcelas municipales cedidas de forma gratuita por el consistorio en un intervalo de más de quince años.
El proceso se ha desarrollado en un plazo muy reducido tras la firma del convenio de cesión de suelo completado a finales de julio del año pasado. Esta celeridad administrativa ha sido posible debido a la aplicación de un sistema de contratación unificada que unifica la redacción del diseño constructivo y la ejecución material de los bloques de pisos. Desde el plano social, la medida busca aliviar la demanda habitacional en San Sebastián, donde los registros actuales de Etxebide computan más de 16.100 unidades convivenciales inscritas para acceder a un piso protegido en el municipio, requiriendo el 65% de las solicitudes la opción de alquiler.
La diversificación de tipologías residenciales permitirá ampliar los baremos de ingresos exigidos para dar cobertura tanto a sectores vulnerables como a clases medias profesionales. Las personas solicitantes de las 63 VPO deberán acreditar rentas anuales situadas entre los 9.000 y los 46.463 euros, mientras que el cupo de las 35 viviendas tasadas amplía el margen económico de los demandantes desde los 15.000 hasta los 59.568 euros. Los futuros inmuebles dispondrán de distribuciones de uno, dos y tres dormitorios, zonas ajardinadas comunes, aparcamientos para vehículos y bicicletas, además de aplicar criterios de construcción industrializada para optimizar los consumos de energía.
