El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) ha publicado casi 41.400 avisos en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) en lo que va de año para contactar con miles de beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Este canal representa el último recurso de la Administración tras intentar, de forma infructuosa, la entrega de cartas certificadas en los domicilios particulares en diferentes franjas horarias. Sin embargo, la efectividad de la medida es residual, ya que apenas el 1,13% de los destinatarios acude a las oficinas públicas a recoger la documentación en el plazo legal establecido.
Los datos, remitidos por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo al Parlamento vasco, constatan una desconexión comunicativa que se ha duplicado en los últimos ejercicios. Mientras que en 2022 y 2023 los anuncios en el boletín no alcanzaron los 40.000 anuales, el pasado año la cifra se disparó hasta las 74.990 notificaciones oficiales. Este incremento del volumen de citaciones edictales contrasta con la evolución real de los perceptores del subsidio, que solo crecieron un 11% en el mismo periodo, alcanzando las 71.807 personas.
Entre los motivos de esta falta de localización se apuntan los cambios de residencia no comunicados, el temor de los usuarios a recibir malas noticias o irregularidades asociadas al mercado ilegal de empadronamientos. El contenido de estas comunicaciones masivas abarca desde solicitudes de documentación hasta la retirada de la ayuda, destacando que casi un 30% de los expedientes corresponden a reclamaciones por cobros indebidos de dinero que los beneficiarios deben devolver a la Administración pública.
