El Ministerio de Sanidad ha rechazado nuevamente incorporar al sistema público de financiación los medicamentos Kisunla y Leqembi, diseñados para ralentizar el deterioro cognitivo en las fases tempranas del alzhéimer. La Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos ha justificado esta decisión señalando que los beneficios clínicos que aportan estas terapias resultan todavía demasiado discretos en comparación con el elevado desembolso económico que conllevan. Desde el departamento que dirige Mónica García apuntan a que existe una intensa controversia científica sobre su eficacia real y que la relación entre su coste y su valor terapéutico no aconseja actualmente su subvención estatal.
La resolución ha provocado una notable decepción en el sector farmacéutico, especialmente en la compañía Lilly, responsable del desarrollo de Kisunla. Su director general para la península, Julio Gay-Ger, ha defendido la sólida evidencia científica del fármaco, asegurando que reduce notablemente el ritmo de progresión de la demencia y lamentando que las trabas administrativas dejen desprotegidos a los pacientes que necesitan actuar a tiempo. Asimismo, la multinacional ha reprochado al ministerio la falta de entendimiento mutuo durante las negociaciones y ha anunciado que, ante el bloqueo en la red pública, ofrecerá el tratamiento a través del canal sanitario privado.
Por su parte, la administración central ha achacado el desencuentro a la falta de flexibilidad de la compañía para alcanzar un acuerdo económico viable para las arcas públicas, aunque asegura que su intención a medio plazo es establecer fórmulas de financiación para futuras terapias similares. De este modo, y mientras se mantiene abierto un programa de uso compasivo para casos muy concretos, los pacientes que cumplan con los requisitos clínicos para recibir estos innovadores tratamientos solo podrán adquirirlos de manera particular fuera del Sistema Nacional de Salud.
