El inicio de las obras del nuevo barrio de Txomin Enea se retrasará hasta que el Ayuntamiento cumpla la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. El fallo ha dado la razón a un grupo de propietarios de terrenos de la zona, que fueron expropiados por el Consistorio y acudieron a los tribunales. Estaban en contra de tener que costear el parque fluvial previsto en la zona y de que el elevado índice de VPO proyectado afectara al precio de sus solares.
La empresa que ganó el concurso público para crear el nuevo barrio, en una cota más elevada para alejarlo de las inundaciones y con 929 viviendas previstas -la UTE compuesta por Amenabar, Campezo y Gesbas-, ha estado esperando a que se le adjudique la obra, una actuación de un importante volumen económico, con un coste de ejecución de más de 27,5 millones y una inversión total mucho mayor.
Tres meses después de que esta unión de empresas lograse la mayor puntuación en el concurso de obras, los trabajos siguen sin ser adjudicados por la incertidumbre provocada por la sentencia judicial, que no admite recurso.
El Ayuntamiento ya anunció que su intención era negociar con los propietarios de terrenos que han ganado el juicio con el fin de alcanzar algún acuerdo económico que les resarza del exceso de cargas derivadas de tener que contribuir a financiar el parque fluvial del Urumea.
Según la sentencia, no debe ser computado como un espacio público para Txomin sino para toda la ciudad y no les corresponde a los propietarios financiarlo, sino a toda la ciudad.
El otro escollo es la decisión de incluir más VPO que la media existente en Donostia, que figura también en las determinaciones del Plan General anuladas por el fallo del Supremo, ya que afectó al precio pagado por el Consistorio a los propietarios. Este problema podría resolverse si el Ayuntamiento justifica suficientemente el índice del 67% de viviendas protegidas planteado en el proyecto, por encima de la media del 46% de Donostia.
