El Departamento de Turismo del Gobierno Vasco ha abierto expediente a más de 250 apartamentos y habitaciones de uso turístico por no cumplir la normativa vigente en los municipios donde se ubican; 200 en Bilbao y 53 en Donostia. El Ejecutivo autonómico, Eudel y los ayuntamientos de las tres capitales vascas han firmado un protocolo de colaboración para atajar este fenómeno en Euskadi.
El consejero de Turtismo, Alfredo Retortillo, ha informado de que el Registro de Viviendas de uso turístico del Gobierno vasco «sigue creciendo» y en la actualidad asciende a alrededor de 2.200 unidades, pero ha señalado que se trata de un número que «se mueve». Hasta el pasado viernes, en el registro de estos alojamientos había inscritos 2.147 viviendas o habitaciones, de las cuales más de la mitad (1.245) estaban en Donostia, 329 en Bilbao y 49 en Vitoria. Había además en el resto de Gipuzkoa otros 303 alojamientos, 188 en Bikzaia y 33 en Álava.
El protocolo firmado este lunes establece que los pisos y habitaciones destinados a uso turístico, además de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Turismo, deben respetar también las condiciones que cada municipio marca en su Plan de Ordenación Urbana. Esto supone que, de manera coordinada, se va a hacer una depuración del registro de alojamientos turísticos para comprobar que los actualmente inscritos y los que se apunten más adelante cumplen con la normativa local, algo que hasta ahora no se hacía.
La directora de Turismo del Gobierno Vasco, Maider Etxebarria, ha explicado que, generalmente, los incumplimientos de la normativa municipal hacen referencia a la altura en la que están ubicados los pisos (Bilbao y Donostia solo permiten que estén en la primera planta) y, en el caso de la capital vizcaína, a la imposibilidad de que en un mismo bloque haya más de un alojamiento.
La Ley de Turismo establece la «declaración responsable» del propietario de piso, que debe manifestar que conoce y cumple toda la normativa vigente, incluyendo la municipal.
El Gobierno Vasco comunica a cada ayuntamiento la relación de solicitantes o inscritos en el registro y éste analiza la situación de cada vivienda y emite un informe sobre el cumplimiento o no de la normativa.
Cuando el informe del ayuntamiento es desfavorable, el Departamento de Turismo se lo comunica al interesado para que haga alegaciones y posteriormente dicta una resolución que puede implicar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad turística.
El consejero Alfredo Retortillo ha puesto en valor la importancia de la «declaración responsable» de las personas que destinen su piso a uso turístico y ha recordado que en el caso de reiteración una vez decretado el cese de la actividad las sanciones pueden llegar hasta los 100.000 euros.
