El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) ha decidido inadmitir la denuncia presentada por un particular que cuestionaba la legalidad de los contratos de vigilancia en el Servicio Vasco de Salud. La reclamación solicitaba revisar las adjudicaciones gestionadas por Juan José Quiñones, exjefe de seguridad de Osakidetza, tras descubrirse que ocupó el cargo durante dos años utilizando una titulación universitaria falsa.
La resolución del organismo administrativo sostiene que las peticiones del denunciante no entran dentro de sus competencias específicas de revisión de licitaciones. El OARC argumenta que el escrito presentado ni siquiera se identifica formalmente como un recurso, calificándolo de «mera denuncia» que podría generar indefensión jurídica para la administración pública si fuera tramitada bajo los cauces ordinarios de este órgano.
A pesar de este cierre por la vía administrativa, el dictamen recuerda que todavía existe la posibilidad de elevar el caso a la justicia ordinaria. Los interesados podrán presentar un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para intentar que se evalúen los contratos que, en total, superan los 83 millones de euros en servicios de vigilancia.
