Eguzki ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente de Gipuzkoa la muerte de una cigüeña en Mutriku, presuntamente por electrocución, al hallarse su cuerpo al pie de un tendido eléctrico, lo que constituiría un delito ecológico contra la fauna.
Hace apenas unos días, Gipuzkoako Basozainak dio a conocer a través de su cuenta de twitter el hallazgo en similares circunstancias de un buitre leonado:
Estos casos vuelven a poner de manifiesto que los tendidos eléctricos que siguen sin estar debidamente adaptados, a pesar de que así lo exige un Real Decreto que data ya de 2008, constituyen un grave problema ambiental al que, en opinión de Eguzki, no se le está prestando la debida atención.
De hecho, en 2020 Eguzki solicitó a las diputaciones vascas, sin éxito, que constituyeran y dotasen de medios adecuados a sendas patrullas de basozainak especializadas en el seguimiento e identificación de los tendidos eléctricos más peligrosos para las aves.
La creación de estas patrullas estaría muy en sintonía con el oficio que la Fiscalía General del Estado remitió en agosto de 2019 a las Comunidades Autónomas, en el que les reclamaba la imposición de sanciones a las compañías eléctricas ante sus reiterados incumplimientos del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, que les obliga a adaptar los tendidos eléctricos. Reclamaba, asimismo, que dieran traslado a la Fiscalía de todos los casos de aves electrocutadas, que pueden considerarse como delitos contra el medio ambiente. En el mismo oficio, la Fiscalía calificaba de excelente el trabajo de basozainak/agentes medioambientales y reclamaba una mejora de sus medios.
Pero, como queda dicho, la solicitud de Eguzki no encontró respuesta positiva en las diputaciones.
Un problema ambiental tan grave como poco conocido
La mortandad por colisión o electrocución con los tendidos eléctricos es una amenaza para las aves de gran envergadura, sobre todo para las rapaces, prácticamente todas ellas protegidas, superior incluso a la que representan los venenos, los disparos o los atropellos. El citado Real Decreto 1432/2008 lo identifica como el principal problema de conservación de aves rapaces.
El propio Ministerio de Transición Ecológica estima que más de 33.000 rapaces protegidas son víctimas cada año en el Estado por electrocución/colisión en tendidos eléctricos, aunque informes de organizaciones privadas ponen en evidencia que esa estimación se puede quedar muy corta. Así, la Fundación de Amigos del Águila Imperial, en un estudio reciente en colaboración con la Fundación Banco Santander, calcula entre 192.000 y 337.000 las aves muertas cada año en el Estado español en tendidos eléctricos.
¿Y en Euskal Herria? No existen datos concretos. Pero una simple extrapolación nos permite constatar que nos encontramos ante un enorme problema ambiental al que no se le está dando respuesta adecuada. Permanece solapado, probablemente porque las administraciones no le dedican los recursos humanos y materiales necesarios. De ahí la conveniencia de constituir las patrullas que solicitamos.
El convenio entre el Gobierno Vasco e Iberdrola
El antedicho Real Decreto 1432/2008 estableció las pautas para la adaptación de los tendidos eléctricos existentes e impuso obligaciones al respecto a las compañías eléctricas, que durante años se negaron a tomar medidas, hasta que la Justicia empezó a emitir algunas condenas por delito ecológico.
En este contexto, en enero de 2019, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco suscribió con Iberdrola un convenio para empezar a adaptar los tendidos eléctricos de la CAV.
Eguzki ya valoró en su dia que el convenio llegaba con mucho retraso y era claramente insuficiente. Llegaba con mucho retraso, porque habían transcurrido ya diez años largos desde la aprobación del Decreto. Era claramente insuficiente, porque el convenio comprometía a la empresa a adaptar cada año un mínimo de 250 apoyos durante tres años. Es decir, en total, un mínimo de 750. Puesto que el inventario de apoyos a adaptar en la CAV por estar situados en zonas consideradas vulnerables ronda los 7.000, una simple regla de tres permitirá constatar que, no es que el retraso sea grande, sino que, a este paso, tardaremos años en adecuar la red a las estipulaciones del Decreto de 2008.
Los tres años del convenio están a punto de expirar. No nos cabe duda de que tanto Iberdrola como el Gobierno harán un balance “muy positivo” del mismo, cómo no. Damos por supuesto que incluso se habrá superado el mínimo convenido de 250 apoyos adaptados por año. Pero, habiendo transcurrido ya la friolera de catorce años desde que se aprobó el Real Decreto, cabe esperar que, en adelante, el Gobierno, es decir, la parte que representa el interés público, sea más exigente.
